Con la fuerte
retracción en la recaudación de muchas provincias e incluso del mismo Estado
Nacional, comenzó una etapa de ingeniería tributaria y financiera que, busca
saldar la diferencia que se va produciendo entre el crecimiento del gasto y la
recaudación que crece por debajo de la inflación (durante 2012 se está
registrando esa realidad).
La Provincia de
Tierra del Fuego y tantas otras, están elaborando proyectos que van en el
sentido de incrementar la presión tributaria, gravando actividades que estaban
exentas e incrementando las tasas en algunas otras.
Cuando se habla de
impuestos, tasas y contribuciones, cuando hablamos de la participación del
Estado en la actividad económica (intervención), encontramos argumentos para
todos los gustos. Hay sectores que históricamente sostienen que la elevada
presión tributaria ahoga la actividad económica y conspira contra el desarrollo
y el libremercado, hay otros sectores que sostienen que la presencia del Estado
como regulador, recaudador y distribuidor es esencial para un crecimiento con
equidad y con planificación. La realidad es que todo depende del proyecto que
se esté queriendo llevar a cabo y del tipo de Estado que querramos, pero
tambien depende de muchas otras circunstancias particulares, por ejemplo como
las que tiene Tierra del Fuego como Provincia (sociales, culturales,
económicas, etc.).
El gran desarrollo
económico y social de la Provincia de Tierra del Fuego nace con la sanción de
la ley 19.640 que, promueve una corriente de inversión y el poblamiento
migratorio del territorio. La ley se sanciona en 1972 y comienza a hacerse
efectiva años después, su primer auge se produce durante la década del ’80, se
sufre la década del ’90 y con el kirchnerismo resurge de una manera
impresionante. La prórroga del beneficio hasta el 2023 sumado a una cantidad de
decretos y resoluciones que ampliaron el alcance a nuevos productos, hicieron
que durante los últimos años se canalicen nuevas inversiones y un renovado
flujo migratorio hacia la provincia.
El crecimiento
demográfico y económico demanda un estado más presente para saldar y corregir
las inequidades que surgen de sectores más productivos que otros y la
inevitable crisis social que se genera cuando la inmigración viene a un lugar
sin contemplar los riesgos que ello implica (sin casa, sin trabajo, a lo que
surja). Un Estado más presente implica un Estado que recaude más, pero también
significa que es necesario un Estado que gaste mejor, que los recursos sean
aplicados a mitigar aquellas necesidades que surgen de lo anteriormente
descripto (mayores y mejores hospitales, mayores y mejores rutas, calles y
avenidas, mayores y mejores escualas públicas, mayores y mejores servicios
públicos, etc.).
Un incremento de la
presión impositiva puede ahogar el crecimiento económico si no está diseñado de
forma coherente. Un impuesto que sea trasladable al consumidor, puede afectar
al consumo y provocar una retracción importante en la demanda agregada, en
cambio, un impuesto que sea progresivo como lo es el impuesto a las ganancias,
suele tener un efecto redistributivo que en líneas generales, promueve el crecimiento
económico y con síntomas de equidad social.
Como la ley 19.640
exime a los habitantes de Tierra del Fuego de tributar ganancias e IVA, los
principales tributos que afectan a sus habitantes, vienen impuestos por el
Estado fueguino y sus municipios (ABL, tasas, contribuciones, etc.). Estos
tributos son fundamentales para el funcionamiento del Estado municipal y
también del Provincial (salarios públicos, funcionamiento de las instituciones,
servicios públicos, etc.).
Existen tributos
que tienen un carácter progresivo innato y que afectan mayormente a los que más
ganan en pos de aquellos que lo hacen en menor medida. Sin embargo, hay
tributos que tienen en su esencia un carácter distorsivo y que se fundan
únicamente en el afán de recaudar para el funcionamiento del sector público,
uno de esos tributos es Ingresos Brutos. Este tributo tiene la característica
de gravar los ingresos independientemente del margen de ganancia que se tenga,
lo que obliga al comerciante a trasladarlo al consumidor, ampliando la brecha
entre el precio y los costos, el empresario mejora el margen para no verse
afectado por el tributo. Dado que en TdF no se paga el Impuesto a las
Ganancias, la transferencia del incremento en Ingresos Brutos al precio no
tiene ningún saldo negativo para el comerciante o empresario, que no tributa
ganancias. En resumen, podríamos afirmar que en Tierra del Fuego, Ingresos
Brutos funciona en forma similar al IVA, ya que la transferencia es inmediata
al precio y termina afectando únicamente al consumidor final, y como
contrapartida, incrementa el margen de ganancias antes de impuestos del
comerciante o empresario, afectando regresivamente la matriz impositiva.
Para agregar un
punto más, el costo fiscal de sostener la ley 19.640 recae exclusivamente sobre
el Estado Nacional, es decir, son afectados los 40 millones de argentinos para
favorecer el desarrollo de una provincia que interesa estratégicamente. Es
injusto que la promoción recaiga exclusivamente sobre la Nación y el Estado
fueguino no haga esfuerzos en igual sentido, por este motivo es importante que
los tributos sean coherentes con este hecho.
Con todo esto lo
que queremos decir es que, los tributos y sus incrementos no son malos ni
buenos per se, deben formar parte de una visión de Estado y ser coherentes con
el origen socioeconómico de la Provincia, que fue favorecida por una ley
Nacional que promovió su poblamiento y su desarrollo económico.
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